En miras de continuar con su plan de obras, el Gobierno está dispuesto a aprovechar al máximo su principal capital político: el respaldo internacional. Según comentaron a LPO fuentes allegadas a la Rosada, se está negociando una ampliación del crédito del Banco Mundial para la construcción del Sistema Riachuelo, el proyecto más ambicioso de la administración Macri.

El objetivo es que el organismo internacional termine aumentando el crédito de los USD 789 millones actuales a unos USD 1.000 millones, constituyéndose de esta manera en el financiamiento más importante del banco en toda la región. Una muestra más del inédito apoyo de Washington.

Los fondos se destinarían a fortalecer el avance del megaconducto de 8 kilómetros que se está ejecutando actualmente y a una serie de obras complementarias como una planta de tratamientos cloacales en Laferrere y la interconexión domiciliaria, equivalente a "la última milla".

"Estamos quemando todas las naves para darle la máxima prioridad porque es una obra que soluciona más del 50% del problema del Riachuelo. Estamos avanzando a muy buen ritmo, construyendo 8 de los 12 kilómetros del Margen Colector Izquierdo y esperamos terminarlos entre 2020 y 2021", indicó a este medio el Presidente de ACUMAR, Lucas Figueras.

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Cómo explicó LPO, el sistema cloacal Matanza -Riachuelo comprende una serie de ductos y una planta de tratamiento para procesar la gran cantidad de desechos líquidos que se vuelcan al río todos los días y que son responsables del 95% de su contaminación.

Hasta el momento, lleva una ejecución del 40% y una vez que esté terminada, dentro de un plazo de unos cinco años, conectará a unas 4,3 millones de personas al nuevo sistema de red cloacal.

Paralelamente, el "master plan" de ACUMAR tiene otras dos patas fundamentales. Por un lado, el parque industrial curtidor de Lanus que contará con una planta de tratamiento de líquidos de última tecnología para que las firmas que se instalen puedan volcar sus efluentes sin generar impacto ambiental. Así, se promoverá el traslado de 60 empresas curtidoras que de manera individual no podían afrontar los costos del correcto tratamiento.

El otro aspecto clave a solucionar es la preocupante problemática habitacional. Por mandato de la Corte, el estado debe construir unas 17.700 viviendas, de las que solamente se terminaron poco más de 4.000 desde el año 2010. "Tenemos en ejecución unas 3.900, 1.300 de las cuales terminaremos este año y otro tanto para 2020, sumado a algunos mejoramientos habitacionales", subrayó Figueras.